La reciente maniobra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, exige un análisis riguroso a la luz del Derecho Internacional, que desnuda la absoluta carencia de fundamento legal de esta provocación. Lejos de constituir un proceso judicial legítimo, nos encontramos ante un ejercicio inaceptable de extraterritorialidad, una violación flagrante de las normas jurídicas internacionales y un burdo intento de vulnerar la soberanía de nuestra Patria.
Esta «acusación», carente de toda legitimidad y jurisdicción, constituye un acto infame de provocación política que busca manipular deshonestamente los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando nuestra Patria defendió su soberanía frente a las injerencias de la organización terrorista autodenominada Hermanos al Rescate.
Lejos de la narrativa fraudulenta que el imperio intenta imponer al disfrazar a este grupo subversivo radicado en Miami como una supuesta entidad «humanitaria», la historia y las pruebas documentales demuestran una realidad innegable: Hermanos al Rescate se dedicaba a ejecutar provocaciones hostiles contra Cuba.
La ilegalidad de la extraterritorialidad y la falta de jurisdicción
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Gobierno de Estados Unidos carece de toda legitimidad y jurisdicción para enjuiciar a un ciudadano y líder de otro país soberano por actos realizados en el pleno ejercicio de la protección de su propio territorio. Esta acusación es jurídicamente fraudulenta porque no tiene asidero legal, ni político ni moral alguno. La pretensión de aplicar leyes estadounidenses de manera extraterritorial para juzgar a un líder extranjero constituye una aberración que desconoce el principio de igualdad soberana entre los Estados. Tal como han denunciado el presidente Miguel Díaz-Canel, se trata de una «acción política, sin ningún basamento jurídico».
La legítima defensa y el amparo del Derecho Internacional
El intento de criminalizar los sucesos del 24 de febrero de 1996 omite de forma deliberada y deshonesta el marco jurídico objetivo que amparó el accionar del Estado cubano. La respuesta de Cuba ante la reiterada incursión en su espacio aéreo, por parte de las aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, constituyó un irrefutable «acto de legítima defensa». Dicha acción protectora estuvo plenamente amparada por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios consuetudinarios de soberanía aérea y proporcionalidad.
Las pruebas documentales y diplomáticas que anteceden al hecho son abrumadoras y demuestran el agotamiento de las vías pacíficas. Entre 1994 y 1996, el Gobierno cubano presentó múltiples denuncias formales ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), detallando las más de 25 violaciones graves y deliberadas de nuestro espacio aéreo en abierta transgresión de las leyes internacionales. Ante la inacción y complicidad del gobierno estadounidense, Cuba emitió advertencias públicas y oficiales —trasladando mensajes de alerta directamente al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, indicando que cualquier aeronave no autorizada sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada. El uso de la fuerza fue, por tanto, una medida jurídicamente fundamentada para salvaguardar la soberanía nacional ante provocaciones hostiles de ostensible dominio público.
Reclamo al respeto de la norma internacional
El enjuiciamiento de un estadista e histórico dirigente de la Revolución de otro Estado soberano no es un acto de justicia, sino una grave transgresión de las convenciones diplomáticas que atenta contra las bases mismas de la institucionalidad global. Como ha advertido nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, esta imputación judicial infame forma parte de la «práctica oscura de EE.UU. de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos», instrumentalizando su aparato de justicia como excusa para agresiones armadas.
Como ha denunciado el viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Carlos Fernández de Cossío, este proceso espurio contra nuestro Líder de la Revolución es fraudulento, sin asidero legal ni moral. Forma parte de la práctica oscura de EE.UU. de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos, fabricando pretextos para justificar una agresión militar y el castigo colectivo a la Isla mediante el recrudecimiento del genocida bloqueo.
Cuba ha ratificado, en reiteradas ocasiones, ante la comunidad global su compromiso con la paz y su inquebrantable determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y en consecuencia, demanda el cese inmediato del uso abusivo de las instituciones judiciales estadounidenses y exige el más estricto respeto a la legalidad internacional y a la soberanía de las naciones. Ningún dictamen espurio ni medida coercitiva podrá doblegar la decisión inconmovible de nuestro pueblo de defender su Patria y su Revolución Socialista.
Ante tanta manipulación imperial, nos corresponde denunciarla y llamar a la comunidad internacional y a las personas de buena voluntad a pronunciarse, como ya lo han hecho distintos gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales y personalidades de todo el orbe.
Esta nueva agresión se estrella contra un país que no se rinde. El pueblo cubano reafirma hoy, con la mayor fuerza y firmeza, su decisión inconmovible de defender la Patria, su Revolución Socialista y brindar su respaldo irrestricto e invariable al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana. Cualquier intento del imperialismo por doblegarnos se topará siempre con nuestra resistencia heroica.
*Doctor en Ciencias. Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
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